María del Rosario Navarro-Sánchez
El 4 de mayo, durante una operación binacional coordinada entre Estados Unidos y México, fue detenida María del Rosario Navarro-Sánchez, una mujer de 39 años que hoy se convierte en protagonista de un hecho sin precedentes: es la primera persona, y mujer, imputada por el gobierno estadounidense por brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, en este caso el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Conocida también como “Fernanda” o “Chayo”, Navarro-Sánchez fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, en El Paso, donde enfrenta múltiples cargos por su presunta colaboración con el CJNG, considerado por autoridades estadounidenses como uno de los grupos criminales más violentos de México y del hemisferio occidental. La acusación formal llega poco después de que el Departamento de Estado de EE.UU. designara al CJNG como una organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) el pasado 20 de febrero. Esta nueva clasificación, derivada del incremento de violencia por parte del cártel —incluidos ataques con drones explosivos, armamento de grado militar y asesinatos selectivos—, permite que quienes colaboren con la organización enfrenten penas federales más severas. De acuerdo con los documentos judiciales, Navarro-Sánchez habría participado en una red delictiva altamente estructurada vinculada al CJNG. Las autoridades estadounidenses la señalan por conspirar para entregar granadas al cártel, además de incurrir en delitos como tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero y distribución de sustancias controladas. Junto a ella, también fueron imputados dos hombres: Luis Carlos Dávalos-López, de 27 años, por contrabando de personas y tráfico de armas; y Gustavo Castro-Medina, de 28 años, por posesión y tráfico de drogas, así como participación en la compra simulada de armamento. Los cargos específicos que enfrenta Navarro-Sánchez incluyen: * Provisión y conspiración para proporcionar granadas al CJNG. * Conspiración para introducir y transportar personas ilegalmente dentro de EE.UU. * Compra simulada y tráfico de armas de fuego. * Contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo. * Conspiración para distribuir sustancias controladas, incluyendo narcóticos. “La acusación envía un mensaje monumental a las filas de los cárteles como el CJNG y a quienes los apoyan: la presión legal se está intensificando”, afirmó Margaret Leachman, fiscal interina del Distrito Oeste de Texas. El CJNG, con operaciones documentadas en casi toda la geografía mexicana y presencia en docenas de países —incluido EE.UU.—, es considerado responsable de delitos como tráfico de fentanilo, extorsión a migrantes, lavado de dinero y cobros ilegales a traficantes de personas. Su historial de violencia ha dejado miles de víctimas tanto en México como en territorio estadounidense. Esta detención forma parte de la Operación “Take Back America”, un esfuerzo nacional que agrupa diversas agencias bajo el paraguas de la Joint Task Force Alpha (JTFA) y el Strike Force OCDETF. La ofensiva incluye el trabajo coordinado de la DEA, FBI, ATF, HSI, Patrulla Fronteriza y corporaciones locales e internacionales de seguridad. “El arresto de Navarro-Sánchez es una demostración del poder de la colaboración internacional contra el tráfico de armas y drogas”, declaró Bennie Mims, agente especial del ATF en Dallas. “Es uno de los primeros casos de este tipo, pero no será el último”. Por su parte, John Morales, agente especial del FBI en El Paso, recalcó: “Esta acusación sienta un precedente” y compromete a la agencia “a redoblar esfuerzos con autoridades mexicanas para atacar directamente a los líderes y redes de apoyo del cártel”. El caso de María del Rosario Navarro-Sánchez marca un nuevo capítulo en la lucha judicial contra los cárteles: uno donde la colaboración internacional, el uso del marco legal antiterrorista y el enfoque en redes de apoyo interno comienzan a redefinir la estrategia contra el crimen organizado transnacional.