Kilmar Armando Ábrego García
La administración del expresidente Donald Trump está en el centro de la polémica tras negarse a entregar a una jueza federal la información solicitada sobre el paradero de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño que fue deportado por error pese a contar con protección legal en Estados Unidos. Ábrego García, casado con una ciudadana estadounidense, fue arrestado el 12 de marzo por agentes de inmigración y deportado apenas tres días después a El Salvador junto con más de 200 personas. Las autoridades justificaron su expulsión alegando, sin pruebas, que pertenecía a pandillas violentas, incluyendo al Tren de Aragua y la MS-13, ambas catalogadas como organizaciones terroristas por Washington. Sus abogados calificaron la actuación del gobierno como una muestra de “arrogancia y crueldad”, acusándolo de ignorar deliberadamente las órdenes judiciales y de poner en riesgo la vida de Ábrego García. “No se tomaron ni 72 horas para sacarlo del país, pero ahora piden más tiempo para corregir su error”, denunciaron. La jueza federal Paula Xinis, visiblemente molesta por la falta de cooperación, ordenó al gobierno presentar informes diarios sobre el estatus del migrante y cualquier avance en su posible regreso a Estados Unidos. También dejó programada una nueva audiencia para el 15 de abril. Aunque la administración Trump admitió que la deportación se debió a un “error administrativo”, ha argumentado que no puede revertirlo porque Ábrego García ya está bajo custodia en El Salvador. La Corte Suprema intervino recientemente y, de forma unánime, respaldó a la jueza Xinis al exigir que se facilite el regreso del salvadoreño, al tiempo que pidió a la magistrada precisar el significado de “efectuar” el traslado, en deferencia al Ejecutivo. La jueza acató la recomendación y modificó su orden inicial, exigiendo ahora que se tomen “todas las medidas posibles” para lograr el retorno de Ábrego García lo antes posible. Por su parte, la administración de Trump sostiene que necesita más tiempo y considera que el plazo fijado por la jueza es “impracticable”, insistiendo en que “los asuntos de política exterior no deben estar sujetos a los calendarios de los tribunales”. El caso ha encendido el debate sobre los límites del poder judicial frente al Ejecutivo y ha reavivado críticas sobre la política migratoria del expresidente, particularmente en situaciones donde la vida de personas vulnerables está en juego.